Estados Unidos acusó al gobernador Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios mexicanos por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
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La acusación cayó como misil político. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas.
El caso fue presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, el golpe no se quedó en tribunales. En cuestión de horas, abrió una nueva tensión diplomática entre México y Washington, justo en uno de los temas más sensibles de la relación bilateral: narcotráfico, seguridad y corrupción institucional.
Según la acusación estadounidense, los funcionarios habrían colaborado con líderes del cártel para facilitar el ingreso de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense. A cambio, presuntamente recibieron dinero, respaldo político y protección para mantener viva una red criminal.
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La lista incluye perfiles de alto peso político y operativo. Entre ellos aparecen el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, exfuncionarios de finanzas, mandos de seguridad y responsables de áreas de procuración de justicia.
Por eso, el señalamiento no apunta únicamente contra Rocha Moya. También dibuja una presunta estructura de protección desde el poder público, con funcionarios que habrían usado cargos oficiales para blindar operaciones del crimen organizado.
La imputación sostiene que algunos acusados habrían filtrado información sensible de fuerzas de seguridad y del Ejército. Además, se les atribuye protección frente a investigaciones, detenciones y procesos judiciales contra integrantes del cártel.
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México respondió rápido. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición. No obstante, aclaró que los documentos enviados por Estados Unidos no contienen pruebas suficientes para determinar responsabilidades.
Además, la Cancillería turnó el expediente a la FGR, que deberá revisar si existen elementos jurídicos para avanzar. Paralelamente, anunció una nota de extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por divulgar información que, según México, debía mantenerse bajo confidencialidad.
El caso deja a Morena en una posición incómoda. Si las acusaciones avanzan, el golpe político será profundo. Pero si no se sostienen con pruebas sólidas, Washington quedará bajo sospecha por usar una acusación judicial con alto impacto diplomático.
En medio queda la ciudadanía. Porque si el expediente es cierto, el problema no fue solo el narco: fue el Estado ayudándolo. Y si no lo es, México enfrenta una presión internacional de enormes consecuencias políticas.
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