La FGR advirtió que Rubén Rocha Moya no será extraditado solo por acusaciones de Estados Unidos. Exige pruebas y respeto al debido proceso.
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La FGR puso un candado jurídico a la solicitud de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: no habrá detención con fines de extradición si Washington no entrega pruebas suficientes. No bastan los señalamientos, ni una acusación presentada en Nueva York, ni la presión política del caso.
El mensaje llegó después de que el Departamento de Justicia y la DEA formalizaran acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la Fiscalía mexicana aseguró que la petición estadounidense no incluye, hasta ahora, elementos contundentes para avanzar hacia una entrega inmediata.
La FGR baja el ritmo al expediente de EU
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, fue claro: México revisará el caso bajo sus propias reglas. Además, recordó que el tratado de extradición entre ambos países exige sustento probatorio, no solo imputaciones formuladas ante una corte extranjera.
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Ahí está el punto sensible. Estados Unidos acusa, pero México reclama pruebas. Y, mientras esa diferencia no se cierre, el expediente queda atrapado entre la cooperación judicial y la defensa de la soberanía nacional.
La FGR también cuestionó que información del caso terminara ventilada públicamente. Según Lara, este tipo de comunicaciones debe manejarse con reserva, porque forma parte de procedimientos penales internacionales y de canales diplomáticos protegidos.
El fuero también pesa en la ruta legal
El otro muro es político y legal. Rocha Moya, como gobernador, cuenta con inmunidad procesal. Por eso, antes de cualquier detención, tendría que abrirse un procedimiento para retirarle esa protección. En otras palabras, el caso no depende solo de Washington ni de la Fiscalía: también tocaría fibras institucionales en México.
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El impacto es mayor porque el expediente golpea tres nervios al mismo tiempo: Morena, la seguridad en Sinaloa y la relación bilateral con Estados Unidos. Además, revive una pregunta incómoda: ¿Hasta dónde puede llegar la presión judicial estadounidense sobre funcionarios mexicanos?
Para la ciudadanía, el asunto no es menor. Si las acusaciones se prueban, el golpe político sería enorme. Pero si no se sostienen, el caso podría leerse como una ofensiva con más ruido que expediente. Por ahora, la FGR dejó su postura sobre la mesa: sin pruebas, no hay extradición.
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