El Gobierno capitalino entregó un contrato por mil 377 millones de pesos a CRRC para el Tren Ligero, pese a que la misma empresa enfrenta un litigio con el Metro por retrasos e incumplimientos en la Línea 1.
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El Gobierno de la Ciudad de México asignó de manera directa la compra de 17 trenes ligeros a CRRC Zhuzhou Locomotive, la misma firma china que hoy enfrenta un conflicto legal con el Metro por presuntos incumplimientos en la modernización de la Línea 1. La operación, por mil 377 millones de pesos, vuelve a poner bajo la lupa la forma en que se toman decisiones en obras públicas estratégicas de movilidad. De acuerdo con documentos oficiales, la capital ya había informado la adquisición de esos trenes para reforzar el servicio del Tren Ligero; al mismo tiempo, el pleito entre el STC y CRRC sigue su curso en arbitraje internacional.
El punto más delicado no es solo el contrato, sino el contexto. Según la información disponible, los trenes no han sido entregados en su totalidad; solo los dos primeros pasaron por pruebas antes de entrar en operación y varias unidades han presentado fallas en servicio. Además, la presión por inaugurar obras antes del Mundial 2026 habría acelerado tiempos técnicos que normalmente exigen validaciones más estrictas. Eso importa porque no se trata de un proyecto menor: el Tren Ligero mueve a miles de personas al día en el sur de la ciudad y conecta zonas clave como Tasqueña, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.
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Un proveedor bajo litigio
El caso se vuelve aún más controvertido porque el Metro reclama a CRRC una penalización de mil 523 millones de pesos por retrasos en la rehabilitación de la Línea 1. Sin embargo, un tribunal colegiado determinó en enero de 2026 que el STC no podía exigir ese cobro de manera unilateral, ya que ambas partes pactaron resolver la disputa mediante arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
En otras palabras, el conflicto sigue abierto. La ciudad no ha cerrado el expediente con ese proveedor y, aun así, volvió a confiarle una compra estratégica. Ese dato por sí solo enciende alertas sobre planeación, supervisión y rendición de cuentas. Para el ciudadano común, la discusión no es abstracta: si un tren falla, se traduce en retrasos, saturación, traslados más largos y mayor desgaste diario.
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Lo que está en juego
También pesa el antecedente político de CRRC en México. La empresa fue señalada en el pasado por su participación en el fallido proyecto del tren México-Querétaro, cancelado tras el escándalo de la Casa Blanca. Ahora, además, arrastra acusaciones derivadas de su relación con la empresa mexicana Grupo ISI, subcontratada en talleres de la Línea 1. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía capitalina, un directivo de la firma china habría condicionado pagos a cambio de un supuesto soborno. Esa acusación no implica culpabilidad automática, pero sí agrava la percepción de opacidad alrededor de la compañía.
El fondo del problema es claro: la ciudad necesita transporte moderno y confiable, pero también procesos públicos que inspiren confianza. Cuando un proveedor cuestionado recibe nuevos contratos, la discusión deja de ser solo técnica. Se vuelve política, presupuestal y cotidiana. Porque cada falla la termina pagando el usuario.
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