Investigaciones mexicanas y estadounidenses identifican una extensa red de actividades formales utilizada para mover recursos ilícitos y ocultar a sus verdaderos propietarios.
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El crimen organizado amplió su presencia en la economía formal mediante negocios vinculados con 50 giros comerciales en al menos nueve estados, de acuerdo con investigaciones mexicanas y estadounidenses. El objetivo principal sería lavar ganancias ilícitas, ocultar activos y construir patrimonios aparentemente legales para operadores y familiares.
La cifra no representa 50 establecimientos específicos, sino actividades económicas que abarcan desde pequeños comercios hasta cadenas, constructoras, gasolinerías, restaurantes, hoteles, inmobiliarias, empresas agrícolas, transportistas y servicios financieros. Su presencia cambia según la producción, infraestructura y mercado de cada entidad.
Una economía criminal diversificada
El caso más documentado es el del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento del Tesoro estadounidense le atribuye negocios relacionados con tiempos compartidos, combustibles, agricultura, tequila, construcción, transporte, ropa, suplementos, seguridad privada y bienes raíces, además del narcotráfico, la extorsión y el secuestro.
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El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el CJNG. Fue la mayor acción aplicada por esa oficina contra la organización criminal. Las designaciones congelan bienes bajo jurisdicción estadounidense y restringen operaciones financieras.
En Jalisco y Nayarit, autoridades estadounidenses han documentado redes relacionadas con fraudes de tiempos compartidos, call centers y empresas agrícolas. También existen señalamientos sobre gasolinerías, restaurantes, constructoras, fábricas de muebles, compañías de logística y promotoras de espectáculos utilizadas para mover recursos o esconder beneficiarios reales.
La infiltración cambia según cada región
Reportes oficiales ubican empresas de transporte e hidrocarburos vinculadas con estructuras criminales en Nuevo León; restaurantes, madera, ganado, hoteles e inmobiliarias en Chihuahua; actividades agropecuarias e inmobiliarias en Durango, y comercios automotrices, bares, logística y espectáculos en Sonora.
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En Puebla, células delictivas recurrirían a la extorsión para obligar a gasolinerías a comercializar combustible robado o presionar a municipios para contratar determinados proveedores. En Chiapas existen versiones sobre barberías y farmacias, pero las propias autoridades reconocen que no hay denuncias oficiales que permitan generalizar esa relación.
Lavado sin mover físicamente el dinero
Las ganancias pueden circular mediante efectivo, facturas, transferencias, criptomonedas, bienes raíces y comercio internacional. Las redes chinas de lavado conectan dólares generados en Estados Unidos con personas que buscan movilizar capital desde China, mientras los cárteles reciben pesos en México mediante operaciones compensatorias difíciles de rastrear.
La expansión no convierte automáticamente en cómplices a empleados, proveedores o industrias completas. Sin embargo, aumenta el riesgo de extorsión, competencia desleal, corrupción y control territorial. Para la ciudadanía, el impacto aparece en precios, empleos, contratación pública y mercados donde un negocio respaldado con dinero ilícito desplaza al empresario legítimo.
Especialistas advierten que las organizaciones buscan algo más que lavar ganancias: pretenden heredar activos aparentemente legales, reducir su exposición policial y ganar influencia comunitaria. El reto para México consiste en investigar beneficiarios finales, decomisar recursos y proteger las cadenas productivas sin criminalizar indiscriminadamente a sectores enteros.
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