Morena y sus aliados no solo aplazaron la segunda fase de la elección judicial. También aprobaron una causal para anular elecciones por injerencia extranjera.
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Morena y sus aliados no solo aplazaron la segunda fase de la elección judicial. En una misma jugada legislativa, también aprobaron una causal para anular elecciones por injerencia extranjera y abrieron la puerta para que cuatro magistrados del Tribunal Electoral puedan mantenerse en el cargo hasta 2034.
La reforma avanzó después de una sesión de más de 30 horas en la Cámara de Diputados, marcada por reclamos, votaciones tensas, mantas en las galerías y acusaciones cruzadas de narcopolítica. Después, el dictamen llegó al Senado, donde el bloque oficialista lo aprobó con 87 votos a favor y 40 en contra.
El cambio más delicado está en la nulidad electoral. La nueva redacción permite invalidar una elección cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados. La intención declarada es frenar presiones externas, financiamiento ilegal o campañas de manipulación. El problema está en el margen de interpretación.
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Una norma tan amplia puede servir para proteger elecciones. También puede usarse para llevar derrotas cerradas a tribunales, abrir litigios interminables o colocar bajo sospecha cualquier proceso competido. Ahí está el punto de choque.
La propia Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena y ministra en retiro, advirtió el riesgo jurídico de dejar una fórmula demasiado abierta. Desde dentro del oficialismo también hubo resistencia. Alfonso Ramírez Cuéllar cuestionó que se permita prolongar la permanencia de magistrados electorales, justo cuando Morena ha construido buena parte de su discurso contra las élites enquistadas en los tribunales.
El segundo frente tampoco es menor. Cuatro actuales magistrados del TEPJF podrían competir de nuevo en 2028 y, si ganan, extender su estancia hasta 2034. Para la oposición, eso equivale a un premio político. Para Morena, forma parte del rediseño judicial que impulsa desde el poder.
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La discusión se contaminó rápido. En San Lázaro hubo conatos de bronca, peticiones de receso y señalamientos por presuntos vínculos políticos con grupos criminales. En el Senado, el PAN respaldó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mientras retó a morenistas a defender públicamente al gobernador sinaloense Rubén Rocha. Nadie tomó esa playera.
El impacto para el ciudadano común puede sentirse en las urnas. Si una elección ya no se resuelve solo con votos, sino con litigios sobre conceptos abiertos, la certeza electoral pierde terreno. Y cuando la certeza se debilita, también se erosiona la confianza en el resultado.
Morena movió el calendario judicial. Pero hizo más que eso. Colocó una nueva regla en el centro de la competencia política rumbo a 2027: una que puede proteger al sistema frente a presiones externas o convertirse en una herramienta para disputar elecciones desde los tribunales.
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