Casi 14 millones de estudiantes de educación básica están pagando el costo del paro indefinido de la CNTE, justo cuando el ciclo escolar 2025-2026 entra en su tramo final.
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Casi 14 millones de estudiantes de educación básica están pagando el costo del paro indefinido de la CNTE. La suspensión de clases arrancó el 1 de junio y golpea el tramo final del ciclo escolar 2025-2026, cuando miles de escuelas deberían estar cerrando evaluaciones, regularizando pendientes y preparando la entrega de boletas.
El impacto se concentra en Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, estados donde el magisterio disidente mantiene mayor fuerza. Según cifras atribuidas a la SEP con corte al 5 de junio, el paro alcanza a 8.49% de las escuelas públicas del país.
La disputa se negocia entre el gobierno federal y la CNTE, pero la factura cae en otro lado: niñas, niños, adolescentes y familias que dependen de la escuela no solo para aprender, sino también para sostener rutinas, cuidados y estabilidad diaria.
Oaxaca, el foco rojo del paro
Oaxaca carga con el golpe más fuerte. El estado reporta 10 mil 653 escuelas cerradas, equivalentes a 80.61% de sus planteles públicos. La matrícula afectada también es la más alta: 734 mil 54 alumnos sin clases.
Después aparece Chiapas, con 261 mil 414 estudiantes afectados; Zacatecas, con 217 mil 375; Guerrero, con 117 mil 495; y Michoacán, con 54 mil 106.
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En paralelo, decenas de miles de docentes participan en movilizaciones en la Ciudad de México y en las entidades donde la CNTE conserva estructura territorial. El movimiento ya no solo presiona la mesa política: también desordena el cierre escolar de cientos de comunidades.
El conflicto brincó la frontera laboral
Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, advierte que el problema rebasó la disputa salarial o sindical. El punto delicado, sostiene, es el derecho a la educación de cientos de miles de alumnos.
La pregunta incómoda sigue sin respuesta: ¿quién va a recuperar las semanas perdidas?
Hasta ahora, ni la autoridad educativa ni la CNTE han presentado una ruta clara para medir el daño académico, ajustar contenidos o evitar que el cierre del ciclo se vuelva un trámite sin sustento pedagógico.
El especialista estima que durante los primeros 10 días de paro se dilapidaron alrededor de 586 millones de pesos en nómina. Si el movimiento se prolonga una tercera semana bajo las mismas condiciones, el costo podría superar los 879 millones de pesos.
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Los niños quedan en medio
Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, coloca la responsabilidad principal en el Estado mexicano, obligado a garantizar el servicio educativo. Pero también señala que el sindicato tiene una responsabilidad compartida frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El debate público suele quedarse en la pelea entre gobierno y maestros. Ahí se pierde lo central: los alumnos no deberían convertirse en instrumento de presión política.
Para Pérez, cualquier salida negociada tendría que incluir medidas concretas para atender el rezago que deja el cierre de escuelas. Sin ese componente, el acuerdo puede destrabar la protesta, pero no resolver el daño educativo.
Boletas puede haber; aprendizaje, no necesariamente
Docentes en activo matizan el panorama administrativo. Carmen Sánchez, maestra de sexto grado en Michoacán, explica que la SEP suele pedir calificaciones, estadísticas y documentación final semanas antes del cierre oficial del calendario.
Por eso, boletas, certificados y actas podrían entregarse en tiempo. El expediente puede quedar en orden.
El problema está en otra parte. Cerrar el ciclo en papel no significa que los alumnos hayan aprendido lo necesario. Y en estados con rezagos históricos, cada semana sin clases abre más la brecha entre quienes pueden compensar desde casa y quienes dependen casi por completo de la escuela pública.
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