La crisis de Morena en Sinaloa ya rebasó el cálculo local. En círculos militares comenzó la revisión de perfiles de exoficiales con paso por el estado, sin señalamientos públicos y con credenciales en seguridad, como posibles cartas para la candidatura de 2027.
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La crisis de Morena en Sinaloa ya rebasó el cálculo local. En círculos militares comenzó la revisión de perfiles de exoficiales con paso por el estado, sin señalamientos públicos y con credenciales en seguridad, como posibles cartas para la candidatura de 2027.
El objetivo político es claro: colocar en la boleta a alguien capaz de vender orden, unidad y pacificación en una entidad golpeada por la violencia, el desgaste institucional y la fractura interna del oficialismo.
La discusión surge en medio del debilitamiento del grupo ligado a Rubén Rocha Moya, cuyo gobierno quedó atrapado entre señalamientos, crisis de seguridad y un costo político que ya amenaza con extenderse a otros proyectos de la 4T.
El rochismo pierde margen de maniobra
El diagnóstico dentro del oficialismo es incómodo. La crisis de Rocha no solo golpea al gobernador con licencia; también compromete a figuras que crecieron bajo su estructura política o que caminaron junto al bloque dominante en Sinaloa.
Ahí aparece la senadora Imelda Castro, considerada durante meses como una opción competitiva para 2027. Su problema no es menor: su cercanía con el grupo rochista reduce su margen para presentarse como una alternativa limpia.
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Castro hizo campaña en 2024 junto al senador Enrique Inzunza. Desde que estalló la crisis, no ha marcado una distancia política contundente frente a ese entorno. Ese silencio pesa.
La senadora también sostuvo que las entregas de exfuncionarios sinaloenses a autoridades de Estados Unidos fueron decisiones personales. Al mismo tiempo, planteó que México debería pedir su extradición para que enfrenten procesos en territorio nacional.
El mensaje puede tener lógica jurídica. Sin embargo, en términos electorales deja un flanco abierto: Morena necesita convencer a una sociedad que vive entre miedo, hartazgo y desconfianza, no solo administrar explicaciones legales.
La seguridad entra al centro de la sucesión
La búsqueda de perfiles militares o exmilitar responde a ese vacío. En Sinaloa, la seguridad ya no será un tema más de campaña; puede convertirse en el eje que defina la sucesión.
Un candidato con formación castrense podría ofrecer una narrativa de control territorial y disciplina institucional. Para sectores cansados de la violencia, ese mensaje puede resultar atractivo.
Pero la apuesta también tiene costo. Si Morena termina recurriendo a un perfil militar para sostener su competitividad, confirmaría una lectura incómoda: la política civil perdió fuerza para ordenar el tablero sinaloense.
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La crisis también arrastra otros nombres. Proyectos asociados al binomio Rocha-Inzunza, como los de Teresa Guerra y el diputado Jesús Ibarra, lucen debilitados. La misma presión alcanza a exalcaldes como Gerardo Vargas y Luis Guillermo “El Químico” Benítez.
Tampoco los aliados tienen una ruta clara. Ni el Partido Verde ni el PT parecen contar, por ahora, con una figura capaz de tomar ventaja propia en la contienda.
Sinaloa ya entró en sucesión anticipada. Y Morena enfrenta una pregunta dura: si ya no puede vender continuidad, ¿intentará vender uniforme, seguridad y control?
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