Enrique Inzunza ya no solo enfrenta señalamientos personales: su caso abre una grieta política en el grupo de Rocha Moya y Morena.
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Enrique Inzunza Cázarez ya no es solo un nombre incómodo para el grupo de Rubén Rocha Moya. Hoy representa algo más delicado: el punto donde se cruzan poder político, acusaciones de acoso, Sinaloa, Morena y señalamientos internacionales por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Su trayectoria no era menor. Inzunza pasó por el Poder Judicial de Sinaloa, ocupó la Secretaría General de Gobierno y llegó al Senado bajo las siglas de Morena. No era un funcionario decorativo. Tampoco un operador de segunda línea. Formaba parte del círculo que conocía expedientes, negociaciones, silencios y equilibrios internos.
Por eso su caso golpea más allá de lo personal. Cuando un político con ese recorrido queda bajo sospecha, la pregunta ya no se limita a si resistirá jurídicamente. La pregunta real es quién lo empujó, quién lo sostuvo y quién prefirió no ver lo que ocurría alrededor.
La columna de Claudio Ochoa puso sobre la mesa un señalamiento todavía más crudo: el presunto acoso sexual contra una mujer dentro del entorno judicial sinaloense. La versión describe una cadena de abuso donde la víctima habría buscado ayuda sin encontrar una respuesta institucional suficiente.
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Ese punto es explosivo. Porque cuando una mujer denuncia, pide auxilio o intenta frenar a un superior jerárquico y el sistema no actúa, el mensaje social es brutal: el poder protege primero a los suyos. Después, si sobra espacio, escucha a las víctimas.
El relato publicado por Ochoa añade una capa más inquietante. Según esa versión, el freno a Inzunza no habría llegado desde la ley ni desde el gobierno estatal, sino desde Ismael “El Mayo” Zambada. Si esa historia se sostiene, el daño político es demoledor: la autoridad formal habría sido incapaz de imponer límites y la autoridad real habría operado desde otro lado.
Incluso si esa parte se analiza con prudencia, el fondo no cambia. Inzunza ya cargaba con señalamientos públicos por acoso, hostigamiento y violencia institucional. Ahora, el expediente político se volvió más pesado por las acusaciones que lo colocan dentro de una trama mayor ligada al poder sinaloense y a presuntas redes de protección.
La presunción de inocencia debe respetarse. Pero en política, el desgaste reputacional no espera sentencia. Menos cuando el señalado ocupó cargos donde debía defender la legalidad, proteger instituciones y garantizar que el poder no aplastara a quienes estaban debajo.
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Para Morena, el dilema es venenoso. Si lo cobija, carga con su crisis. Si lo abandona, acepta que Inzunza se volvió desechable. Y si guarda silencio, alimenta la sospecha de siempre: que la justicia camina rápido contra los débiles, pero se vuelve lenta cuando toca a los cercanos.
El caso también golpea al ciudadano común. Cada denuncia ignorada, cada funcionario blindado y cada expediente que se mueve solo cuando estalla fuera del país profundiza la desconfianza. La gente aprende a denunciar menos, a temer más y a sospechar de todo.
Inzunza ya no es solo un operador en problemas. Es el retrato de un sistema donde la lealtad política pudo pesar más que la ética pública. Y cuando eso ocurre, el escándalo deja de pertenecer a una persona: empieza a exhibir a toda la red.
La pregunta ya no es si Inzunza caerá. La pregunta es cuántos nombres arrastrará si decide dejar de cargar solo con el costo político. Porque a veces el eslabón más débil no rompe la cadena: la muestra completa.
Editorial basada en la columna de opinión de Claudio Ochoa Huerta, “El estate quieto de ‘El Mayo’ a Inzunza”, publicada en su columna MIOCARDIO en El Universal.
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