Sinaloa no enfrenta solo un escándalo político. Enfrenta una sospecha más honda: que el poder público cedió terreno, autoridad y control al crimen organizado.
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Esa es la pregunta que atraviesa el caso de Rubén Rocha Moya. No se trata únicamente de saber si el gobernador fue rebasado por el Cártel de Sinaloa. El punto más delicado es otro: si desde el poder federal se conocieron, toleraron o administraron esos canales de comunicación bajo la lógica de mantener una calma aparente.
La acusación contra Rocha golpeó porque puso nombre, cargo y ruta política a una sospecha vieja. Según el expediente estadounidense, el gobernador habría recibido apoyo de Los Chapitos para llegar al poder y, a cambio, habría ofrecido protección para que operaran con margen dentro del estado. La imputación aún debe probarse en tribunales, pero el impacto político ya reventó la discusión pública.
Ese es el problema de fondo. Cuando una acusación de ese tamaño parece verosímil para buena parte de la sociedad, el daño institucional ya ocurrió. Porque el ciudadano no solo pregunta si hay pruebas suficientes en Nueva York. También pregunta por qué durante años Sinaloa vivió bajo una paz tan frágil, tan extraña, tan dependiente de los equilibrios internos del narco.
La política de “abrazos, no balazos” vuelve entonces al centro del debate. En el discurso, prometía pacificar sin repetir la guerra frontal contra el crimen. En la práctica, pudo abrir un espacio peligroso: confundir contención con tolerancia, bajar el ruido sin recuperar el mando y presumir estabilidad donde quizá solo había un acuerdo de conveniencia.
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Sinaloa exhibe esa trampa con crudeza. Mientras una organización criminal mantiene orden interno, las cifras pueden parecer manejables. Las calles respiran apenas. El gobierno presume control. Pero cuando el pacto se rompe, el territorio revela quién mandaba de verdad. Y ahí el Estado ya no recupera autoridad por decreto.
La guerra entre facciones del cártel mostró precisamente eso. Cuando se fracturó el equilibrio entre Chapitos y Mayiza, la violencia dejó de ser un dato de seguridad para convertirse en una parte de guerra cotidiana. Los ciudadanos pagaron el costo: miedo, negocios cerrados, desplazamientos silenciosos, familias atrapadas y una vida pública reducida al cálculo de sobrevivir.
Por eso esta discusión rebasa a Rocha. También toca a AMLO y a su forma de gobernar la seguridad. Si el expresidente conocía los contactos entre el gobierno sinaloense y el crimen, como sostiene la columna que origina esta editorial, entonces el debate ya no es de omisión. Es de responsabilidad política.
El asesinato de Héctor Melesio Cuén terminó de hundir la confianza. La versión pública del caso dejó demasiadas sombras, demasiadas contradicciones y una sensación amarga: que el gobierno no estaba explicando, sino administrando el daño. Cuando una autoridad pierde credibilidad ante una muerte de alto impacto, pierde también fuerza moral para pedir paciencia.
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La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no encubrirá a nadie, pero también exige pruebas claras. La postura es correcta desde el derecho. Sin embargo, políticamente queda corta si México necesita que Estados Unidos documente primero lo que las instituciones mexicanas debieron investigar antes.
Ahí está el verdadero golpe. No solo cae sobre un gobernador señalado. Cae sobre una forma de gobernar que pudo haber confundido paz con sometimiento. Porque cuando el Estado negocia su autoridad, no controla la violencia: solo la posterga.
Y tarde o temprano, esa factura llega. No la pagan los discursos. La paga la gente.
Esta editorial está basada en la columna de opinión de Carlos Loret de Mola, “Historias de Reportero”, publicada en El Universal.
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