La ASF fiscalizará los recursos destinados al examen digital de la UNAM y verificará si Territorium Life entregó la vigilancia con inteligencia artificial establecida en el contrato.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará el contrato que la UNAM adjudicó a Territorium Life para supervisar con inteligencia artificial el examen de ingreso en línea de 2026. La revisión abarcará el uso de recursos federales, el cumplimiento del servicio y posibles afectaciones al erario.
Autoridades de la ASF consultadas por El Universal señalaron que la contratación formará parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2026. El órgano auditor recopila actualmente los contratos de la Universidad, incluidos proveedor, objeto, monto y modalidad, para identificar operaciones de riesgo y solicitar sus expedientes.
La ASF no evaluará la calidad académica del examen ni determinará quién merece un lugar en la Universidad. Su tarea será verificar cuánto dinero se comprometió y pagó, si la plataforma cumplió las especificaciones técnicas y si existen elementos para promover aclaraciones, recuperaciones o responsabilidades.
El contrato, firmado el 23 de marzo de 2026, estableció un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101 millones 757 mil 810 pesos, sujeto al volumen de aplicaciones. Cerca de 158 mil aspirantes presentaron la evaluación, aunque la cantidad efectivamente pagada no se ha informado públicamente.
La controversia surgió después de que la Universidad detectó resultados estadísticamente atípicos y recibió reportes sobre fallas técnicas y posibles ayudas indebidas. Ante esas irregularidades, la institución suspendió las inscripciones, integró una comisión especializada y ordenó un examen presencial de control para verificar los resultados.
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Hasta ahora, la comisión universitaria no ha confirmado públicamente una filtración de reactivos ni ha atribuido responsabilidades individuales. Por ello, esas versiones deben mantenerse como parte de las líneas bajo revisión y no como hechos acreditados.
La vigilancia contratada, bajo revisión
El anexo técnico estableció al menos 20 mecanismos de seguridad, entre ellos reconocimiento facial y de voz, validación continua de identidad, bloqueo de dispositivos, grabación del entorno, alertas automatizadas y conservación de evidencias.
El documento también permitió un supervisor por cada 150 aspirantes. Por tanto, la proporción de vigilantes no constituye por sí sola un incumplimiento. La revisión deberá establecer si la combinación de supervisión humana e inteligencia artificial detectó conductas irregulares, generó alertas oportunas y conservó el material comprometido.
La plataforma debía permitir que los supervisores consultaran videos, fotografías o audios en un máximo de dos segundos. Además, tenía que identificar el uso de celulares, la intervención de terceras personas y otros comportamientos prohibidos durante la evaluación.
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Si la ASF acredita incumplimientos, podrá emitir observaciones y promover la recuperación de recursos. El contrato también contempla una fianza equivalente al 10 %, la responsabilidad de la empresa por daños y perjuicios y la posibilidad de rescisión administrativa. Cualquier medida dependerá de las pruebas obtenidas.
Los resultados relacionados con el gasto ejercido durante 2026 se conocerían en 2027, conforme avance la fiscalización.
Además, la versión modificada del programa de auditorías de la Cuenta Pública 2025 ya contempla una revisión integral de cumplimiento a la UNAM, identificada con el número 446. Se trata de un procedimiento distinto al análisis del contrato de Territorium Life.
Para los aspirantes, la consecuencia inmediata es la incertidumbre, los gastos adicionales y la obligación de repetir presencialmente una evaluación que muchos realizaron de buena fe. La auditoría deberá aclarar si los recursos públicos compraron la seguridad contratada y, de no ser así, quién deberá responder.
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