Ken Salazar aseguró que ni el avión, ni el piloto ni la operación pertenecían a Estados Unidos. Su respuesta a Claudia Sheinbaum fue tajante, aunque dejó abierta la pregunta central: quién organizó realmente el traslado de “El Mayo” Zambada.
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Ken Salazar respondió a Claudia Sheinbaum con una frase tajante: ni el avión, ni el piloto ni la operación que llevaron a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos pertenecían al gobierno de ese país. El exembajador negó así haber ocultado información a México, aunque dejó sin resolver la contradicción que detonó la disputa.
El posicionamiento llegó el 8 de julio, un día después de que la presidenta cuestionara públicamente si Salazar había mentido sobre la posible intervención de una agencia estadounidense en la salida de Zambada y Joaquín Guzmán López de territorio mexicano.
“La verdad es la verdad”, escribió el exdiplomático. Según su versión, él y el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al gobierno mexicano sobre ambas detenciones desde el 25 y 26 de julio de 2024.
Salazar sostuvo que Washington fue claro desde entonces: la aeronave no era estadounidense, el piloto tampoco trabajaba para su gobierno y el traslado no formó parte de una operación oficial de Estados Unidos.
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El mensaje, sin embargo, esquivó la pregunta que reabrió el caso: ¿por qué el avión vinculado con el traslado terminó exhibido en el War Eagles Air Museum, en Nuevo México, dentro de una muestra relacionada con operaciones del FBI?
Ese dato llevó a Sheinbaum a confrontar la explicación entregada por Salazar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La mandataria recordó que México pidió información en varias ocasiones para saber cómo salieron del país los dos integrantes del Cártel de Sinaloa y si alguna agencia extranjera intervino.
La pregunta que sigue sin respuesta
De acuerdo con Sheinbaum, la respuesta de la embajada fue directa: ninguna agencia estadounidense había participado. La aparición posterior de la aeronave en una exhibición vinculada con el FBI puso esa versión bajo sospecha.
“¿Quién mintió?”, preguntó la presidenta durante su conferencia del 7 de julio. El señalamiento no se limita a la propiedad del avión. También apunta a quién organizó el vuelo, qué sabían las autoridades estadounidenses y en qué momento informaron a México.
La Fiscalía General de la República elevó todavía más la presión. La institución acusó a autoridades de Estados Unidos de entregar información “falsa, parcial e insuficiente” sobre la aeronave y el piloto. La fiscal Ernestina Godoy anunció nuevas diligencias mediante los canales de cooperación jurídica bilateral.
El caso toca una fibra especialmente delicada entre ambos países. Si una agencia extranjera operó dentro de México sin autorización ni coordinación institucional, podría haber vulnerado la soberanía nacional, la Constitución y los acuerdos internacionales que regulan la cooperación en seguridad.
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La falta de claridad también tiene efectos fuera del choque diplomático. Debilita la confianza entre gobiernos, entorpece investigaciones conjuntas y complica la coordinación contra el narcotráfico, el tráfico de armas y el fentanilo. En Sinaloa, además, la caída de Zambada abrió una guerra entre facciones criminales.
Salazar aprovechó su respuesta para promocionar “Borderlands: My Fight for an Inclusive America”, libro en el que aborda el episodio dentro del capítulo “La puerta se cierra”. Pero la polémica no se cerró con su publicación.
Su defensa fue categórica. La explicación, no tanto. La duda sigue concentrada en una pregunta que ninguno de los dos gobiernos ha despejado por completo: quién planeó el traslado de “El Mayo” y qué papel jugó realmente el FBI.
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