La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, cuestionó la protección federal otorgada a Rubén Rocha Moya y comparó ese resguardo con la falta de apoyo que habría enfrentado Carlos Manzo antes de su asesinato.
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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, cuestionó la protección federal otorgada a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y comparó ese resguardo con la falta de apoyo que, según dijo, enfrentó su esposo, Carlos Manzo, antes de ser asesinado en Michoacán.
El mensaje fue publicado el 6 de mayo de 2026 en redes sociales. Ahí, Quiroz colocó una imagen con Manzo y Rocha Moya, en medio del debate nacional por las acusaciones de Estados Unidos contra el político sinaloense por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Ojalá te hubieran protegido de la misma manera”, escribió la presidenta municipal sustituta de Uruapan al recordar a su esposo. Además, afirmó que Manzo seguiría con vida junto a su familia si los mecanismos de seguridad hubieran actuado con la misma rapidez.
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El reclamo golpea un punto sensible: la protección del Estado no parece operar igual para todos. Mientras Rocha Moya cuenta con resguardo federal tras solicitar licencia, Quiroz sostuvo que Carlos Manzo fue ignorado pese a haber denunciado amenazas antes de su asesinato.
La alcaldesa también vinculó esa diferencia con el origen político de su esposo. Según su mensaje, Manzo fue dejado solo porque encabezaba un movimiento ciudadano y no pertenecía a una estructura partidista con respaldo nacional.
El caso vuelve a colocar bajo presión a las autoridades federales y estatales. No solo por el asesinato de un alcalde en funciones, sino por la percepción de que la seguridad pública puede depender del peso político de cada personaje.
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Además, la crítica ocurre en un momento especialmente delicado para Morena. La situación de Rocha Moya escaló al Congreso, donde la oposición exigió acciones contra el gobernador con licencia, mientras el oficialismo defendió la soberanía frente a las acusaciones de Washington.
Para el ciudadano común, el fondo del debate es más simple y más duro: ¿quién tiene derecho real a ser protegido? En municipios golpeados por la violencia, como Uruapan, la seguridad no es un privilegio político; es una condición mínima para gobernar, trabajar y vivir.
Por eso, la frase de Quiroz no solo funciona como reclamo personal. También exhibe una falla institucional: en México, los mecanismos de protección existen, pero la pregunta sigue abierta: cómo, cuándo y para quién se activan.
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