Estados Unidos ya no se conforma con perseguir capos. Ahora apunta hacia gobernadores, exfuncionarios y redes políticas bajo sospecha.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
Opinión
Política Gurú
@Castelazoa
Estados Unidos ya no se conforma con perseguir capos. Ahora mira hacia arriba: gobernadores, exfuncionarios, fiscales y redes políticas que, según sus expedientes, habrían permitido que el narco operara con protección institucional.
Ese es el golpe de fondo.
Con Donald Trump otra vez en la Casa Blanca, Washington endureció el tono contra los cárteles y los colocó en el terreno de la seguridad nacional. Pero el mensaje va más allá de la retórica. La ofensiva ya no solo corre por la vía diplomática; también avanza en tribunales, investigaciones financieras y acusaciones federales.
El caso más delicado apunta a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. La justicia estadounidense lo señala, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y con operaciones ligadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Conviene decirlo sin manosear la ley: una acusación no equivale a una condena. Rocha conserva presunción de inocencia y cualquier fiscalía debe probar lo que sostiene. Sin embargo, la bomba política ya cayó.
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La pregunta incómoda no es menor: ¿por qué México suele enterarse por Nueva York de lo que sus propias instituciones no investigan con la misma fuerza?
Ahí empieza el verdadero problema para la 4T. El gobierno puede invocar la soberanía, y en parte tiene razón: ningún país debe dictarle a México cómo aplicar justicia. Pero la soberanía pierde fuerza cuando se usa como cortina para no revisar redes de complicidad interna.
Porque el narco no se expande solo con sicarios. Necesita permisos, silencios, policías distraídas, funcionarios útiles, fiscales cómodos y políticos que miren hacia otro lado. Esa es la parte que incomoda.
La historia, por supuesto, no nació con Morena. Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, terminó sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero ligado al narcotráfico. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, recibió una condena de más de 38 años por sus nexos con el Cártel de Sinaloa. Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, también cayó en tribunales estadounidenses.
El patrón no tiene un solo color partidista. Ha cruzado administraciones, siglas y sexenios. A veces vistió de PRI, otras de PAN, y ahora toca la puerta de Morena.
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La diferencia es que la 4T llegó prometiendo limpiar la casa. Prometió barrer la corrupción, cortar complicidades y separar al poder político del crimen organizado. Por eso el costo político resulta mayor: no se puede presumir transformación mientras las sospechas apuntan al corazón de los gobiernos estatales.
El antecedente de Salvador Cienfuegos también pesa. Washington lo detuvo, México protestó, Estados Unidos retiró cargos y el caso terminó desactivado en territorio nacional. Aquello dejó una lección peligrosa: cuando México exige respeto, debe responder con investigaciones sólidas, no con carpetazos convenientes.
Hoy la presión estadounidense vuelve con más fuerza. Y aunque incomode, también exhibe una falla local: si México no procesa a sus narcopolíticos, otro país llenará ese vacío.
En Claro y Conciso, lo digo sin rodeos: la soberanía se defiende con justicia, no con discursos. Si el Estado mexicano no investiga a los suyos, la conversación dejará de ser jurídica y diplomática. Será una vergüenza institucional.
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