Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron a tres nuevos consejeros del INE y fortalecieron la percepción de que el oficialismo ya puso una mano decisiva sobre el árbitro electoral.
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La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados consumó el relevo de tres consejerías del INE y, con ello, reforzó la percepción de que la llamada 4T avanza sobre otro contrapeso institucional. Morena y sus aliados aprobaron los nombramientos con 334 votos a favor y 127 en contra, pese a los señalamientos de la oposición sobre la cercanía política de los perfiles electos.
Los nuevos integrantes del Consejo General serán Arturo Manuel Chávez, Blanca Yassahara Cruz y Frida Denisse Gómez Puga, en sustitución de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, consejeros que durante su gestión mantuvieron posiciones incómodas para el poder. No era un relevo cualquiera. Era una jugada para mover el equilibrio interno del árbitro electoral.
El árbitro, cada vez menos árbitro
La molestia opositora no surgió por capricho. El perfil de Arturo Manuel Chávez fue uno de los más cuestionados por su paso por espacios vinculados al oficialismo y por su cercanía con estructuras de gobierno de la 4T. A eso se sumaron los señalamientos sobre Blanca Yassahara Cruz y Frida Denisse Gómez Puga, también vistas como figuras próximas al proyecto gobernante.
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Morena, el PT y el PVEM cerraron filas. Afirmaron que el proceso fue legal, limpio y legítimo. Pero una cosa es cumplir el trámite legislativo y otra muy distinta garantizar confianza pública. En instituciones como el INE, la legalidad no basta cuando la independencia queda bajo sospecha.
El problema no son solo tres nombres
Con estos nombramientos, el grupo cercano al oficialismo podría concentrar ocho de once asientos en el Consejo General encabezado por Guadalupe Taddei. Ese dato explica la magnitud del choque. No se trata solo de quién entra, sino de quién termina mandando dentro del organismo que organiza elecciones, fiscaliza procesos y califica buena parte de la vida democrática del país.
Por eso la discusión es más seria de lo que Morena quiere admitir. Cuando el poder político coloca perfiles afines en el órgano que debe vigilarlo, la autonomía deja de ser una garantía y se convierte en una promesa vacía. El riesgo no está solo en una votación. Está en normalizar que el gobierno también quiera controlar al árbitro.
Lo que realmente está en juego
Los nuevos consejeros ocuparán el cargo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035. Tendrán en sus manos decisiones clave durante casi una década. Su papel no será menor: deberán arbitrar elecciones, resolver disputas y sostener la credibilidad del sistema electoral en un ambiente cada vez más polarizado.
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Para el ciudadano común, esto no es una pelea más entre partidos. Es un asunto directo. Si el INE pierde independencia, lo que se debilita no es solo una institución: se debilita la confianza en el voto. Y cuando la gente deja de creer en el árbitro, cada elección arranca manchada.
Morena podrá decir que actuó dentro de la ley. Tal vez. Pero también es cierto que volvió a demostrar que, cuando puede, no busca equilibrio: busca control. Y ese impulso, llevado al terreno electoral, termina por contaminar lo poco que todavía conservaba apariencia de imparcialidad.
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