La 4T pasó de condenar el fracking a estudiarlo con lenguaje técnico y tono prudente. El viraje no solo exhibe una urgencia energética: también desnuda otra contradicción del obradorismo.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
Opinión
Política Gurú
@Castelazoa
En México, la realidad suele practicar un humor negro impecable. La misma 4T que convirtió al fracking en México en símbolo del pecado neoliberal ahora lo reempaqueta como innovación responsable. No cambió la roca. Cambió la urgencia. Y, sobre todo, cambió el discurso oficial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya no habla del veto moral de otros tiempos. Ahora habla de “nuevas tecnologías”, de agua reciclada y de menos químicos, mientras un comité técnico revisa durante dos meses si la extracción no convencional puede venderse como versión sustentable del viejo tabú.
El contraste con AMLO no admite maquillaje. En 2018 prometió que no usaría métodos que dañaran la naturaleza, como el fracking. Después insistió en 2019 y, al final de su sexenio, hasta presumió haber frenado esa vía y buscó blindar su prohibición.
Sheinbaum, además, tampoco llega inocente a esta vuelta de timón. En campaña repitió el libreto antifracking. Sin embargo, ya en el poder movió la conversación de la prohibición a la evaluación. Es decir: del “no” absoluto al “depende de la ingeniería y de la narrativa”.
¿Por qué el viraje? Porque la soberanía energética de la 4T topó con la aritmética. México consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural; Pemex produce unos 2.3 y el resto llega, en su mayoría, desde Estados Unidos. No es doctrina: es dependencia.
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De hecho, ahí vive la gran ironía. Durante años, el poder predicó contra el fracking, pero siguió comprando gas texano extraído justamente con esa técnica. El país satanizó en la tribuna lo mismo que sostuvo en la red de ductos. Vaya soberanía: patriótica de micrófono, texana de enchufe.
Peor aún: esto ni siquiera arranca de cero. Reuters reportó, con base en especialistas y exreguladores, que Pemex ha usado fractura hidráulica desde hace años en Veracruz y Tamaulipas. Además, su Plan Estratégico 2025-2035 ya habla de plays no convencionales, geología compleja y contratos de servicios o mixtos.
Por eso el problema no es solo ambiental. También es político. Cuando un gobierno promete certezas éticas y luego las cambia por tecnicismos, erosiona confianza. Hoy nos dicen que no es el fracking de antes. Mañana quizá dirán que tampoco eran tan malas ciertas aperturas, siempre que vengan envueltas en bandera nacional.
Los ambientalistas no compran el nuevo empaque, y tienen razones. En Estados Unidos, Nueva York prohíbe la fractura hidráulica de alto volumen; Vermont, Maryland y Washington mantienen prohibiciones legales. O sea: allá, donde nació el boom, varios gobiernos no la vendieron como milagro limpio.
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Claro, Sheinbaum toca una fibra real. México sí necesita discutir cómo reducir su vulnerabilidad energética. Además, la demanda crece y las exportaciones estadounidenses al mercado mexicano marcaron récords recientes. Negarlo sería tan absurdo como fingir que los discursos llenan gasoductos.
Pero una cosa es abrir el debate y otra querer lavar el giro con espuma semántica. Si el gobierno cree que debe explorar yacimientos no convencionales, que lo diga sin disfraz ideológico. Que explique costos, riesgos, manejo de agua, fugas de metano, residuos, supervisión y responsabilidad comunitaria. Sin eufemismos.
Al final, la historia no trata solo de moléculas. Trata de poder. Sheinbaum está admitiendo, quizá sin querer, que el dogma energético de López Obrador nunca resolvió el problema de fondo. Y cuando la realidad cobra factura, hasta la fe petrolera termina perforada.
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