El Gobierno federal elevó la presión sobre las gasolineras que venden el diésel por encima del precio acordado dentro del esquema de topes “voluntarios”.
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El Gobierno federal elevó la presión sobre las gasolineras que venden el diésel por encima del precio acordado dentro del esquema de topes “voluntarios”. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, además de las acciones de Profeco, podría intervenir el SAT para revisar por qué algunos establecimientos mantienen precios altos pese al apoyo público al combustible.
La molestia del Ejecutivo se centra en que el precio del diésel sigue por arriba del objetivo de 28 pesos por litro en una parte del mercado. De acuerdo con los datos presentados por Profeco, al 18 de abril el promedio nacional se ubicó en 28.50 pesos, mientras que alrededor del 35 por ciento de las estaciones lo vendía por encima de 28.51 pesos.
En contraste, el procurador Iván Escalante informó que el 54.06 por ciento de las estaciones lo comercializaba en menos de 28.28 pesos, y otro 11.44 por ciento entre 28.29 y 28.50 pesos. Es decir, cerca del 65 por ciento de las estaciones se mantenía por debajo del promedio reportado.
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La estrategia oficial ya comenzó a aplicarse en campo. Desde hace días, Profeco coloca lonas en estaciones que rebasan los márgenes considerados razonables. Además, se han realizado 44 visitas de verificación y se han colocado 14 advertencias en estaciones donde no se justificó adecuadamente el precio final al consumidor.
El mensaje del Gobierno busca contener un efecto que va más allá de las gasolineras. El diésel es un insumo clave para el transporte de mercancías, la distribución de alimentos, la operación de maquinaria y buena parte de la logística del país. Por eso, cuando su precio sube, también aumentan los costos para empresas, comercios y consumidores.
Ahí está la preocupación central. Si el combustible se encarece sin justificación clara, el impacto no se queda en el tanque de un camión. Termina trasladándose al precio de productos básicos, servicios de reparto y cadenas de suministro. En otras palabras, el ciudadano común acaba absorbiendo parte del sobrecosto.
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Sin embargo, el punto más delicado es otro: el uso del SAT como instrumento de presión. La advertencia presidencial abre un nuevo frente, porque ya no se trataría solo de exhibir públicamente a las estaciones con precios altos, sino de revisar su comportamiento fiscal y administrativo. Eso cambia el tono del conflicto.
Para los empresarios del sector, el mensaje implica que el control de precios podría dejar de ser solo una negociación política y convertirse en un tema de fiscalización. Para el Gobierno, en cambio, se trata de impedir abusos en un mercado donde, según su postura, no hay razones suficientes para sostener ciertos niveles de precio.
La discusión de fondo será si esta presión logra realmente bajar el diésel o si solo endurece la relación entre autoridades y distribuidores. Por ahora, lo cierto es que el Gobierno ya dejó claro que no quiere limitarse a las advertencias públicas. Ahora también pone sobre la mesa el peso de la autoridad fiscal.
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