El caso Zambada no es solamente la historia de un capo trasladado a Estados Unidos en una operación clandestina. Es el retrato de un Estado mexicano sorprendido, incapaz de explicar lo ocurrido y demasiado preocupado por controlar la narrativa.
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El caso Zambada no es solamente la historia de un capo trasladado a Estados Unidos en una operación clandestina. Es el retrato de un Estado mexicano sorprendido, incapaz de explicar lo ocurrido y demasiado preocupado por controlar la narrativa.
Ismael El Mayo Zambada llegó a Nuevo México el 25 de julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López. Días después, afirmó que había sido engañado, sometido y llevado contra su voluntad.
La defensa de Guzmán rechazó esa versión. Washington, mientras tanto, reconoció la entrega voluntaria del hijo de El Chapo y dejó abierta la posibilidad de que Zambada fuera trasladado por la fuerza.
Desde entonces, México ha concentrado su discurso en una posible violación a la soberanía. El reclamo es legítimo: ninguna agencia extranjera debe operar en territorio nacional sin autorización.
Sin embargo, esa exigencia pierde fuerza cuando el gobierno no puede explicar cómo despegó el avión, quién permitió el vuelo ni qué autoridades fallaron. La soberanía también implica vigilancia territorial y rendición de cuentas.
En 2026, la FGR reconoció que tuvo bajo custodia y posteriormente entregó a Estados Unidos a Mauro Alberto Núñez Ojeda, identificado después como el piloto de la aeronave.
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México tuvo una pieza central del caso sin saberlo o sin investigarla correctamente. No es una anécdota burocrática, sino una falla que cuestiona la calidad de las pesquisas federales.
La columna de Raymundo Riva Palacio agrega una reconstrucción delicada. Sostiene que funcionarios mexicanos habrían intentado contener información sobre posibles vínculos entre autoridades y el Cártel de Sinaloa, además de presuntas redes de protección institucional.
Son acusaciones de enorme gravedad, pero no existen pruebas públicas suficientes para tratarlas como hechos acreditados. Precisamente por eso, el gobierno debería impulsar una investigación independiente, no limitarse a descalificar al mensajero.
Si las imputaciones son falsas, corresponde desmontarlas con documentos, expedientes y responsabilidades claras. Si contienen elementos ciertos, el silencio institucional sería más grave que cualquier revelación procedente de Brooklyn.
Además, el costo no se limita a Palacio Nacional. La ruptura entre Los Chapitos y la facción de Zambada convirtió a Sinaloa en escenario de una guerra prolongada.
Miles de familias han padecido homicidios, desapariciones, negocios cerrados, clases suspendidas y desplazamientos. La captura de un líder criminal terminó exhibiendo la fragilidad del Estado frente a la fragmentación del propio cártel.
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Mientras tanto, Zambada se declaró culpable en Estados Unidos y aceptó un decomiso de 15 mil millones de dólares, no 16 mil millones. La fiscalía estadounidense solicita cadena perpetua.
Ese proceso avanza con fechas, documentos y consecuencias judiciales. En México, por el contrario, la investigación política e institucional continúa atrapada entre versiones, discursos, lealtades y expedientes incompletos.
Claudia Sheinbaum heredó un caso que no puede resolver defendiendo a López Obrador ni culpando a Washington. Debe exigir transparencia a Estados Unidos, pero también abrir los archivos mexicanos y revisar las omisiones de la FGR.
Asimismo, su gobierno debe establecer quién permitió que el narcotráfico operara durante décadas con semejante capacidad logística y política. Sin esa respuesta, la defensa de la soberanía se convierte en un recurso para eludir responsabilidades internas.
La soberanía no consiste en pronunciar discursos contra la injerencia extranjera. Consiste en controlar el territorio, aplicar la ley y rendir cuentas. Si México quiere ser tratado como socio, debe demostrar que sus instituciones no protegen silencios, funcionarios ni pactos inconfesables.
Porque el verdadero incendio no está en los expedientes de Estados Unidos. Está en las instituciones mexicanas que, durante dos años, han preferido administrar el humo antes que explicar quién encendió la casa.
Esta editorial está basada en “Caso Zambada: los primeros días”, de Raymundo Riva Palacio, publicada el 16 de julio de 2026 en su columna Estrictamente Personal, de El Financiero.
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