Cuatro muertos en Paseo de la Reforma bastan para desmontar la idea de que la tragedia fue solo una noche de euforia mal contenida. Tras la victoria de México ante Ecuador, la celebración mundialista terminó con tres personas fallecidas por asfixia y una más por paro cardiorrespiratorio.
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Cuatro muertos en Paseo de la Reforma bastan para desmontar la idea de que la tragedia fue solo una noche de euforia mal contenida. Tras la victoria de México ante Ecuador, la celebración mundialista terminó con tres personas fallecidas por asfixia y una más por paro cardiorrespiratorio.
El problema no empezó cuando la multitud rebasó el operativo. Empezó antes, cuando el gobierno de Clara Brugada convirtió la avenida más simbólica de la capital en un festejódromo político, turístico y emocional, sin medir el tamaño del riesgo que estaba construyendo.
La autoridad defendió la instalación de pantallas como una forma de dispersar a la gente. En la práctica ocurrió lo contrario. Cada nueva pantalla amplió la invitación, alargó el corredor de celebración y legitimó la concentración masiva en Reforma, el Centro Histórico y distintas alcaldías.
Eso no fue dispersión. Fue expansión del riesgo.
Por eso, el argumento de que el gobierno pidió a la población no acudir al Ángel resulta débil. Una administración no puede convocar la fiesta, cerrar vialidades, montar pantallas, generar expectativa pública y luego trasladar la carga al ciudadano cuando la masa se vuelve inmanejable.
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La responsabilidad individual cuenta. El alcohol, los empujones, la pirotecnia, las riñas y la imprudencia pueden detonar una tragedia. Justo por eso, una autoridad seria debe anticipar escenarios. Gobernar no consiste en esperar que miles de personas actúen con calma en una noche de euforia nacional.
El gobierno capitalino sí aplicó algunas medidas: restricciones a la venta de alcohol, cierres viales y separación de pantallas. Pero el saldo fatal muestra que el problema no fue la ausencia total de acciones, sino una lectura equivocada del fenómeno. La multitud creció más rápido que la capacidad de control.
Después de las muertes, la administración local descartó cerrar el Ángel o colocar vallas bajo el argumento de que podía generar más peligro. El dilema existe. Pero llega tarde si no viene acompañado de control de aforos, rutas claras de salida, mandos visibles y protocolos de evacuación realmente aplicables.
El ciudadano común paga ese costo. No se trata solo de fútbol ni de una celebración patriótica. Se trata de movilidad colapsada, servicios de emergencia saturados, familias atrapadas, trabajadores afectados, turistas vulnerables y vecinos obligados a vivir entre basura, ruido, bloqueos e inseguridad.
La fiesta pública también tiene costos públicos.
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El impacto ya rebasó la discusión local. La seguridad de aficionados, visitantes y turistas se volvió parte de la conversación internacional alrededor del Mundial. Para una ciudad que presume capacidad global, una tragedia en plena avenida emblemática no es un incidente menor: golpea reputación, confianza y gobernabilidad.
Brugada enfrenta una prueba mayor. Debe demostrar si su gobierno puede administrar una capital mundialista o si seguirá confundiendo convocatoria con control político. Una ciudad no se cuida con llamados generales a la “responsabilidad colectiva”. Se cuida con prevención, planeación y operación.
La tragedia de Reforma no fue un accidente aislado ni una consecuencia inevitable de la pasión futbolera. Fue una advertencia brutal sobre los límites del populismo urbano cuando convierte el espacio público en espectáculo sin calcular sus riesgos.
Celebrar está bien. Gobernar la celebración era obligación.
Editorial basada en la columna de opinión de Raymundo Riva Palacio, en Nada Personal, publicada en El Financiero.
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