La detención de Ernesto Ruffo no debe terminar en una absolución partidista ni en una condena dictada desde el poder. La FGR tendrá que probar su responsabilidad y explicar cómo operó una red que difícilmente pudo crecer sin complicidades oficiales.
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La detención de Ernesto Ruffo Appel no admite lecturas cómodas. El exgobernador debe enfrentar la investigación como cualquier ciudadano, sin refugiarse en su trayectoria política. Pero también debe hacerlo con todas las garantías que marca la Constitución, lejos del juicio sumario que algunos ya pretenden imponer desde el poder y las redes sociales.
La Fiscalía General de la República lo relaciona con una investigación por contrabando de combustible y delincuencia organizada. La fiscal Ernestina Godoy habló de 25 órdenes de aprehensión, más de 4 mil operaciones irregulares de importación y un daño fiscal que rebasaría los 4 mil millones de pesos.
No son acusaciones menores. Si la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes, tendrá que exhibirlas ante el juez y demostrar cuál fue la participación concreta de Ruffo. No basta señalarlo como integrante o supuesto dirigente de una red. El Ministerio Público deberá acreditar decisiones, movimientos financieros, responsabilidades operativas y beneficios obtenidos.
Ese punto es clave porque, hasta ahora, persisten diferencias sobre el papel que Ruffo desempeñaba dentro de Ingemar, la empresa vinculada con el expediente. Algunas versiones lo presentan como fundador o accionista mayoritario. Otras sostienen que se incorporó años después y que su participación accionaria no le daba el control de la compañía.
Las contradicciones no lo exoneran. Tampoco son detalles menores que puedan barrerse debajo de la alfombra. En un caso de esta dimensión, la diferencia entre socio, administrador, operador o beneficiario puede determinar el grado de responsabilidad penal.
Ruffo ya había declarado que la empresa se limitaba a realizar trámites y documentación aduanal. También lanzó una frase que ahora cobra mayor peso: “El huachicol nace en la aduana”. La afirmación forma parte de su defensa, pero apunta hacia una realidad difícil de ignorar.
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Una operación capaz de introducir millones de litros de combustible, alterar pedimentos y mover cantidades millonarias no funciona únicamente con empresarios privados. Necesita puertas abiertas, revisiones omitidas, permisos tolerados y servidores públicos dispuestos a mirar hacia otro lado.
Por eso, la detención de un exgobernador puede ser la noticia más vistosa, aunque no necesariamente sea la más importante. El verdadero alcance de la investigación se medirá cuando sepamos si la FGR también perseguirá a los agentes aduanales, funcionarios, intermediarios financieros y autoridades que hicieron posible el esquema.
Ahí está el fondo del problema. El huachicol fiscal no es solamente combustible que entra al país sin pagar los impuestos correspondientes. Es una maquinaria de corrupción que golpea las finanzas públicas, perjudica a las empresas que cumplen la ley y demuestra hasta qué punto las aduanas continúan siendo una zona vulnerable.
Cada peso que se evade deja de llegar a seguridad, infraestructura, hospitales o servicios públicos. Por eso el caso importa más allá del apellido Ruffo y de la disputa entre partidos.
También resulta imposible ignorar el contexto político. La captura ocurre en medio de una crisis para el gobierno de Marina del Pilar Ávila en Baja California. El PAN ha aprovechado esa coincidencia para denunciar una justicia selectiva y exigir que el mismo rigor se aplique a personajes vinculados con Morena.
El cuestionamiento es válido, aunque no invalida la orden judicial. Una investigación no se vuelve ilegítima únicamente porque resulte conveniente para el gobierno. Sin embargo, el momento elegido, la forma de presentar la detención y el lenguaje de los voceros oficiales obligan a la Fiscalía a actuar con máxima transparencia.
Morena tampoco debería utilizar el expediente como trofeo político. Ruffo está detenido y sujeto a una investigación; no ha sido condenado. La presunción de inocencia no depende de la simpatía que genere el acusado ni del partido al que pertenezca. Es una garantía constitucional, no una concesión del gobierno.
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Del otro lado, la oposición comete un error al exigir su liberación inmediata antes de conocer los datos de prueba. Defender el debido proceso no significa cerrar filas automáticamente ni convertir el prestigio histórico de Ruffo en una suerte de inmunidad moral.
Fue el primer gobernador de oposición que derrotó al PRI y una figura central en la alternancia democrática de México. Ese legado explica el impacto de su caída, pero no sustituye las pruebas ni lo coloca fuera del alcance de la ley.
La posición sensata es más sencilla de lo que parece: investigar sin privilegios, juzgar sin consignas y castigar únicamente con pruebas.
El apellido de Ruffo no debe absolverlo. El poder de Morena no debe condenarlo. Si la Fiscalía demuestra su responsabilidad, la ley habrá alcanzado a una figura histórica. Pero si se limita a exhibirlo mientras protege a quienes operaron desde el gobierno, la justicia volverá a ser apenas una escenografía del poder.
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