En Baja California ya no solo se pelea una candidatura: se pelea el control de Morena, la sucesión de 2027 y el uso político del poder en medio de rupturas, sospechas y una creciente desconfianza ciudadana.
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En Baja California ya no se está disputando solo una candidatura. Lo que está en juego es algo más delicado: quién controla Morena, quién reparte las lealtades y quién administra la sucesión para llegar a 2027 con blindaje político, no necesariamente con legitimidad.
Ese es el fondo del problema. Porque una cosa es preparar relevos dentro de un partido competitivo. Sin embargo, otra muy distinta es usar la estructura de gobierno para perfilar herederos mientras se acumulan rupturas, sospechas y pleitos internos que desgastan la credibilidad del proyecto entero.
La gobernadora Marina del Pilar llega a ese momento en una posición frágil. En mayo de 2025 confirmó que Estados Unidos le revocó la visa a ella y a Carlos Torres; además, en enero de 2026 se hizo público su divorcio. A eso se sumó el choque abierto con Jaime Bonilla, que escaló hasta acusaciones públicas muy graves.
En ese contexto, el ascenso de Netza Jáuregui y Julieta Ramírez deja de verse como una simple apuesta política y empieza a parecer una operación de continuidad. Él sigue al frente de la Secretaría de Bienestar de Baja California; ella es senadora por Morena desde 2024. No son cuadros secundarios: son piezas centrales del círculo más cercano al poder estatal.
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El punto crítico no es que aspiren. En democracia, cualquiera puede aspirar. El verdadero problema aparece cuando la línea entre programa social, operación territorial y promoción política se vuelve borrosa. El antecedente más delicado fue el audio de 2023 ligado a Bienestar, que derivó en una investigación local por presunto uso indebido de apoyos para presionar políticamente.
Por eso la salida de Monserrat Caballero de Morena no debe leerse como un berrinche aislado. Más bien, exhibe que la fractura interna ya salió del cuarto de guerra y llegó al espacio público. Cuando una exalcaldesa rompe con su partido acusando que el movimiento dejó de parecerse a lo que prometía, el daño ya no es solo partidista: también es simbólico.
Y ahí es donde entra el ciudadano común. Porque mientras la élite acomoda candidaturas, el ciudadano espera otra cosa: seguridad, agua, servicios, salud y un gobierno concentrado en gobernar. Cada hora dedicada a la sucesión adelantada es una hora que no se invierte en resolver lo urgente.
Además, cada sospecha sobre el uso político del aparato público erosiona la confianza en los apoyos que sí deberían llegar sin condicionamientos. Si la gente empieza a creer que los programas sirven para premiar lealtades y no para reducir desigualdades, entonces el daño no es electoral: es institucional.
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Morena ganó mucho en Baja California vendiendo una idea clara: romper con los vicios del viejo régimen. Por eso resulta tan delicado que hoy el debate público vuelva a girar alrededor de lealtades personales, presunto nepotismo, promoción anticipada y estructuras que parecen diseñadas para cuidar espaldas más que para rendir cuentas.
Aunque varias de esas acusaciones siguen siendo eso, acusaciones, su peso político ya existe. Y la política también se erosiona así: no solo con sentencias judiciales, sino con conflictos de interés mal explicados, con rupturas internas visibles y con una ciudadanía que empieza a desconfiar del relato oficial.
La lección de fondo es simple. Un gobierno se empieza a debilitar cuando la sucesión pesa más que la gestión y cuando la cercanía personal vale más que la solvencia pública. Si Morena no corrige esa ruta en Baja California, puede terminar pareciéndose demasiado a aquello que juró combatir.
Y ese sería el golpe más duro para la 4T en la frontera: no perder una candidatura, sino perder el argumento moral. Porque cuando el poder se usa para heredar poder, el discurso de cambio deja de convencer y empieza a sonar a coartada.
Editorial basada en la columna de opinión de Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, publicada en El Universal.
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