Maru Campos llevó la disputa política en Chihuahua a terreno internacional al pedir que Andrea Chávez, Ariadna Montiel y Rubén Rocha Moya sean entregados a autoridades de Estados Unidos.
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Maru Campos llevó la disputa política en Chihuahua a terreno internacional. La gobernadora panista pidió que Andrea Chávez, Ariadna Montiel y Rubén Rocha Moya sean entregados a autoridades de Estados Unidos para que se investiguen presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La declaración ocurrió durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, donde Campos acusó a perfiles ligados a Morena de mantener presuntos nexos con grupos criminales. Su señalamiento no quedó en el terreno electoral: lo colocó como un asunto de seguridad, justicia y presión binacional.
Andrea Chávez, bajo el foco de Campos
La gobernadora apuntó directamente contra Andrea Chávez, senadora con licencia y figura morenista con presencia en Chihuahua. Según Campos, Chávez representaría intereses vinculados con La Barredora, grupo criminal ligado en versiones públicas al entorno político de Adán Augusto López.
La panista fue más lejos. Afirmó que Chihuahua no permitiría la entrada de ese grupo a través de una eventual candidatura morenista. La frase endureció el tono de una contienda que aún no arranca formalmente, pero que ya opera con lógica de guerra electoral.
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Campos también rechazó haber organizado las protestas contra figuras de Morena en Chihuahua. Según su versión, las manifestaciones surgieron por hartazgo ciudadano y por el rechazo a perfiles que, dijo, cargan señalamientos graves.
Ariadna Montiel y la Sierra Tarahumara
El segundo golpe fue contra Ariadna Montiel. Campos aseguró que la dirigente morenista tampoco tendría aceptación en Chihuahua como eventual aspirante al gobierno estatal.
La acusó de enfrentar señalamientos públicos por presuntos acuerdos con grupos criminales en la Sierra Tarahumara, una región donde la seguridad, el control territorial y la presencia del crimen organizado han marcado la vida cotidiana de comunidades enteras.
Sin embargo, las acusaciones de Campos también abren una exigencia inevitable: si el PAN sostiene esos dichos, deberá respaldarlos con elementos verificables. De lo contrario, el tema puede quedar atrapado en la lógica de campaña.
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Rocha Moya y el costo político para Morena
Campos incluyó en su exigencia a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y criticó el respaldo político que, según ella, ha recibido desde el oficialismo.
El golpe busca instalar una idea: Morena no solo enfrenta desgaste por seguridad, sino por la protección de cuadros bajo sospecha pública.
Para Chihuahua, el impacto es directo. La elección de 2027 empieza a girar alrededor de una pregunta dura: si la seguridad será investigada con seriedad o usada como munición electoral.
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