Samuel García ya no solo gobierna Nuevo León. También construye, a golpe de pauta digital, una plataforma nacional rumbo a 2030.
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Samuel García ya no solo gobierna Nuevo León. También construye, a golpe de pauta digital, una plataforma nacional rumbo a 2030. El problema es que esa promoción volvió a quedar bajo sospecha por el origen del dinero que la sostiene.
De acuerdo con información publicada por Grupo REFORMA, Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho creado por el gobernador y su padre, habría pagado casi 82 millones de pesos a Nauka Comunicación Estratégica por servicios de manejo de pauta digital entre octubre de 2024 y febrero de 2026.
El dato pega en el centro del debate: la publicidad no habría promovido al despacho jurídico que pagó las facturas, sino contenidos ligados al propio mandatario, a su esposa Mariana Rodríguez y a otros perfiles de Movimiento Ciudadano.
La pregunta, entonces, deja de ser técnica. Se vuelve política: ¿quién financia realmente la construcción nacional de Samuel García?
Una campaña nacional antes de tiempo
Los recursos manejados por Nauka se habrían destinado principalmente a Google, plataforma que incluye YouTube. Ese monto se suma a los 19 millones de pesos que García y Rodríguez habrían gastado en apenas tres meses para promoción en Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram.
La operación cobra otra dimensión porque el gobernador ya dejó ver sus aspiraciones presidenciales. García quiere estar en la boleta de 2030 y su comunicación digital apunta mucho más allá de Nuevo León.
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El mensaje busca posicionarlo en todo el país. La duda es si ese despliegue se paga con recursos privados plenamente acreditados o si arrastra dinero vinculado a proveedores del gobierno estatal.
El despacho familiar vuelve al centro
El despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados no aparece por primera vez en una controversia. Desde 2024, investigaciones periodísticas han señalado presuntas triangulaciones de recursos desde contratistas del Gobierno de Nuevo León hacia esa firma familiar.
Uno de los casos involucra a Suministro MYR, proveedor que habría recibido contratos millonarios de la administración estatal. Después, mediante una empresa relacionada, habría canalizado recursos al despacho del gobernador.
También se mencionó a Proyectos de Infraestructura de la Laguna, contratista ligado a obras carreteras estatales, y a empresas relacionadas con servicios para programas sociales. García ha negado irregularidades y ha sostenido que esos pagos corresponden a servicios profesionales previos.
La explicación, sin embargo, dejó huecos. Sobre todo porque los recursos comenzaron a fluir con fuerza después de su llegada al Gobierno de Nuevo León.
Opacidad, contratos y promoción personal
El nuevo señalamiento no prueba por sí solo una responsabilidad penal. Pero sí abre una línea delicada: el posible uso indirecto de recursos ligados a contratistas para financiar posicionamiento político personal.
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Nauka, según la información difundida, también ha trabajado publicidad digital para el Gobierno de Nuevo León. Esa doble relación —con el despacho del gobernador y con la administración estatal— obliga a revisar contratos, facturas, conceptos de pago y beneficiarios reales de la pauta.
Para los ciudadanos, el tema no es menor. Cuando un gobernante se promociona a escala nacional mientras su estado enfrenta problemas de seguridad, movilidad, agua, deuda y servicios, la rendición de cuentas deja de ser un trámite administrativo.
Samuel García puede aspirar a la Presidencia. Está en su derecho. Lo que no puede quedar en zona gris es quién paga esa ambición.
Si la promoción salió de su bolsillo o de su despacho, debe probarlo con documentos. Si el dinero pasó por proveedores favorecidos por el Gobierno, la historia cambia por completo.
En Nuevo León, el costo político ya empezó a correr. Y esta vez no se mide solo en likes, reproducciones o anuncios pagados. Se mide en confianza pública.
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