Al menos 300 multinacionales de Estados Unidos acusaron al SAT de aplicar auditorías agresivas, trabas para apelar y criterios fiscales que, aseguran, ya están golpeando la confianza para invertir en México.
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El National Foreign Trade Council (NFTC), organismo que representa a más de 300 empresas estadounidenses, denunció ante la Secretaría de Hacienda presuntas prácticas irregulares del SAT que, a su juicio, están elevando la incertidumbre para invertir en México. El señalamiento fue dirigido al secretario Édgar Amador y se suma a reclamos previos del sector privado de EU sobre condiciones fiscales, regulatorias y legales en el país.
De acuerdo con la información difundida sobre la carta, las firmas acusan al órgano tributario mexicano de recurrir a auditorías agresivas, criterios de fiscalización cada vez más duros y obstáculos para impugnar resoluciones. El fondo del reclamo no es menor: las compañías sostienen que ese entorno encarece la operación, complica la planeación financiera y reduce el atractivo de México como destino de inversión.
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El señalamiento llega en un momento sensible para la relación económica bilateral. Esta semana, Amador participa en Washington en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, el funcionario se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Según el reporte oficial del encuentro, ambos hablaron sobre minerales críticos, la perspectiva de la revisión del T-MEC y la cooperación contra el tráfico de drogas y las finanzas ilícitas. No hubo, al menos de manera pública, una mención directa a la queja de las multinacionales contra el SAT.
Aunque la carta referida no ha sido divulgada íntegramente en fuentes oficiales abiertas, el reclamo encaja con una posición que el NFTC ya había expresado en otros documentos. En sus comentarios para la agenda comercial de Estados Unidos y para la revisión del T-MEC, el organismo advirtió sobre problemas de certeza jurídica, reinterpretaciones fiscales, cargas administrativas y efectos de reformas mexicanas que, según su postura, vuelven más riesgosa la operación de empresas estadounidenses en el país.
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El impacto potencial rebasa a los corporativos. Si grandes compañías perciben que en México aumentan los costos de cumplimiento y se debilitan las vías de defensa frente a la autoridad, pueden frenar nuevas inversiones, posponer expansiones o redirigir capital a otros mercados. En los hechos, eso termina reflejándose en empleo, cadenas de suministro y actividad económica local.
Por ahora, el caso abre otro frente para Hacienda: responder a un reclamo empresarial que toca dos fibras delicadas al mismo tiempo, la recaudación y la confianza para invertir.
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